El CERMI ejercerá la acción popular en el crimen de Isaac López, para que se castigue “lo más severamente posible” este presunto delito de odio

(Madrid, 23 de julio de 2021). –El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ejercerá como acción popular en el proceso penal por el homicidio de Isaac López, el joven madrileño con síndrome de Asperger apuñalado esta semana, para desde el interior del procedimiento tratar de que se castigue “lo más severamente posible” este presunto delito de odio por discapacidad.

Así se recoge en el número 446 del boletín ‘cermi.es semanal’, en donde explica que, debido a que este crimen puede estar alentado por un móvil de odio por razón de discapacidad, “es necesario” esclarecer y acreditar estas motivaciones, y que la condena contra los culpables “sea acorde” con la gravedad del delito, “incrementándola hasta el máximo legal permitido”.

Además, desde el sector social de la discapacidad representado por el CERMI se pide también al Ministerio Fiscal el “máximo celo” en la investigación y persecución de este homicidio, y a la Oficina de Delitos de Odio del Ministerio del Interior, que, como instancia policial especializada, ayude a determinar y evidenciar el componente de odio por motivos de discapacidad.

En este sentido, el boletín recoge el minuto de silencio que convocó Confederación Autismo España en recuerdo de este joven rapero de 18 años con síndrome de Asperger que fue apuñalado la semana pasada cuando caminaba por un túnel de Madrid. Esta entidad, por su parte, ha condenado “tajantemente” este supuesto delito de odio e insta a las autoridades pertinentes a “esclarecer lo ocurrido” y a “poner en marcha las medidas oportunas para poner fin a la violencia que sufren muchas personas con discapacidad”.

Con respecto a este suceso, se incluye también la noticia de las declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que afirma que el asesinato de Isaac López se está investigando “con especial intensidad, al ser la víctima de un colectivo vulnerable”.

Por otra parte, en la publicación se encuentra una noticia con las principales conclusiones del Conversatorio CERMI ‘Personas con discapacidad mayores. Ética y protocolos de actuación en pandemia’, durante el que el presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI Estatal, Álvaro García Bilbao, expuso que lo ocurrido durante la pandemia con las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, especialmente, “es muy grave”, al tiempo que se destacó que “hay que volver a poner sobre el telón de fondo el principio universal ético de que todos los seres humanos nos merecemos ser tratados por igual”.

Otro de los contenidos del ‘cermi.es semanal’ es la reunión de trabajo para analizar el efecto de la pandemia en la salud mental de la población, mantenida entre la Reina Letizia con entidades especializadas como la Confederación Salud Mental España, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), el CERMI, UNICEF, la Federación Española de las Enfermedades Raras (FEDER), Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Además, también cuenta con dos entrevistas: una realizada a Manuela Muro, que ha sido reelegida presidenta de la Confederación Aspace, y en la que destaca que la crisis del coronavirus ha dejado una factura de más de nueve millones de euros a las asociaciones de Aspace; y otra realizada a María José Romero Ródenas, delegada del rector para políticas de Igualdad y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (UCLM), quien subraya la necesidad de que la Universidad de Castilla-La Mancha y su plan de gobierno haga de la igualdad una prioridad “insoslayable”.

Por último, y entre otros contenidos, este último número publica un artículo de opinión firmado por el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de Madrid (FASOCIDE), Francisco J. Trigueros, en el que aborda la agenda política de su entidad; la firma de convenio entre CERMI Mujeres y Plena Inclusión para defender los derechos de las mujeres con discapacidad intelectual; o la demanda del CERMI a Transición Ecológica a regular las condiciones de accesibilidad universal en el diseño, implantación y ejecución de “electrolineras”.

Asistimos con enorme preocupación, a un crecimiento de mensajes racistas y xenófobos contra las personas inmigrantes, incentivados desde determinadas posiciones políticas y sociales, que buscan generar miedo en la ciudadanía, rechazo y odio hacia las personas de origen inmigrante, a la vez que enfrentamiento entre personas en situación de vulnerabilidad por el acceso a los recursos. Mensajes racistas y de odio que, de no atajarlos, se convierten en comportamientos racistas y en delitos de odio, como el asesinato de un vecino de origen marroquí en el municipio murciano de Mazarrón por el mero hecho de ser inmigrante, o la agresión a una vecina de origen ecuatoriano residente en Cartagena cuando acudía a un punto de recogida de alimentos, entre otros.

La crisis social y económica, asociada a la sanitaria provocada por la COVID-19, está propiciando un incremento de las desigualdades y las situaciones de pobreza y exclusión social, las cuales también están en la base de estos delitos de odio, al poner el foco y la causa de estos procesos sociales sobre la población migrante, buscando el enfrentamiento de personas contra personas.

Comunicado completo AQUÍ

El pasado mes de junio se aprobó la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La reforma es muy importante porque por fin permite que España adapte su legislación al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

España ratificó la Convención en el año 2008, lo que significa que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico (nuestras normas y leyes) y tenemos que cumplir con su contenido.

La Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.

La reforma modifica la capacidad jurídica y las figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada que estaban recogidas en el Código Civil. Se han modificado por ser contrarias a la Convención, y porque vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

La reforma supone un cambio importante que permite que las personas decidan sobre su propia vida y que tomen sus decisiones con los apoyos que necesiten.

Se trata de que se facilite la participación de la propia persona y que pueda expresar sus preferencias, voluntades.

Los principales cambios son:

Se eliminan la modificación de la capacidad jurídica, la tutela y la patria potestad prorrogada y se sustituyen por curatelas graduadas (asistenciales o representativas) y otras figuras jurídicas en función de la necesidad de apoyos de cada persona.

Se reconoce un modelo de apoyos que permite el ejercicio de la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

Este nuevo sistema de apoyos se basa en diferentes figuras, que serán graduadas en función de las necesidades de apoyo de cada persona. Estas son:

• Curatela (asistencial o representativa)
• Guardador de hecho
• Defensor judicial

Se regula el conflicto de intereses. Quien presta los servicios de atención directa a las personas con discapacidad no puede ser quien haya de proveer sus apoyos y garantizar sus derechos.

Las personas que ya están incapacitadas, se deberán adaptar a lo que establece la nueva ley y los juzgados deberán revisar los procesos judiciales.

En el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo la ley prevé la figura de la curatela representativa de forma excepcional y  siempre y cuando no sea posible determinar su voluntad, deseos o preferencias de otra manera.

Puedes ver la Ley aquí: Ley 8_2021 Reforma legislación civil y procesal PcD

Si tienes dudas o preguntas llamarnos al número  925 97 00 73 o escribirnos al correo info@autismocastillalamancha.org