Todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Senado apoyaron este miércoles la toma en consideración de la proposición de Ley de Ciudadanos para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia.

La norma que hoy se admitirá a trámite supone una reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de regular con mayor claridad la accesibilidad cognitiva y su aplicación. 

Promovida por Ciudadanos, busca “garantizar de forma efectiva” la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación al entorno físico, los transportes, las nuevas tecnologías, la información y la comunicación y todo edificio o servicio público.

En línea con las demandas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que redactó la propuesta legislativa y la trasladó a los grupos del Senado, recoge la lectura fácil dentro de los apoyos complementarios previstos y clarifica qué debe entenderse por accesibilidad. 

En la defensa de su propuesta, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos recurrió a la ‘lectura fácil’ para explicar la iniciativa, esto es, reprodujo un texto escrito con “frases cortas, con una sola idea y evitando las negaciones”.

“La accesibilidad tiene que estar en todos los derechos para que las personas con discapacidad puedan disfrutarlos”, y como ejemplo expuso que es equiparable a que “los hospitales no fuesen accesibles, esto es como si no tuviesen derecho a la salud”. 

Marcos explicó que la accesibilidad cognitiva “es la característica que tienen las cosas para que todas las personas las puedan entender. “Si está en las leyes, esto hará que las personas con discapacidad intelectual, autismo o con problemas de salud mental, pero también las personas mayores, las que están de visita en España y quienes no saben leer bien” tengan garantizados sus derechos.

“En definitiva, lo que hoy traemos y hoy queremos que tomen en consideración trata de esto, de que la accesibilidad sea para todas las personas”, indicó Marcos.

Además de este texto en lectura fácil, el senador mostró un pictograma relativo a la accesibilidad cognitiva y destacó que tanto este apoyo como el texto leído previamente fueron validados por personas con TEA y con discapacidad intelectual.

El resto de grupos se mostraron partidarios de la iniciativa. 

Para el senador de Vox Jacobo González-Robatto, “atentaría contra el sentido común votar en contra de esta propuesta de ley”, que viene a proteger a las personas con discapacidad. 

Por su parte, la senadora del PSOE Patricia Abascal indicó que la accesibilidad cognitiva “es el elemento que permite poder vivir en igualdad y de forma independiente” a todas las personas con discapacidad intelectual, mientras que la representante del PNV, María Rosa Peral, declaró que “se trata de un derecho llave, pues abre la puerta a todos los demás derechos”.

La senadora de JXCat María Teresa Rivero subrayó que “todavía queda mucho por hacer en la eliminación de barreras muy visuales, como pueden ser las arquitectónicas” y, por el mismo motivo, hay que “trabajar para eliminar otras barreras menos visuales, como son las cognitivas”.

Según Eduardo Fernández, del Grupo Mixto, “no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos el mismo derecho a participar en pie de iguadldad” en la sociedad.

El senador Josep Rufà, de ERC, se refirió a la lectura fácil y la utilización de pictogramas como “apoyos esenciales” que deben ser garatnizados para que las personas con discapacidad intelectual disfruten de sus derechos, y la senadora del grupo popular Violante Tomás destacó la necesidad de avanzar en la regulación de la accesibilidad cogntiva, tal y como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Todos ellos apoyarán la admisión a trámite de la ley.

Asimismo, varios portavoces agradecieron los trabajos realizados por el Cermi, entidad promotora de la iniciativa, en este terreno, y transmitieron su apoyo a las personas con discapacidad fallecidas a causa de la Covid-19.

La Confederación Estatal de Personas Sordas reivindica la presencia de las lenguas de signos en las políticas públicas

 

• Exige, en un manifiesto, que se tengan en cuenta para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas

 

• Edificios de toda España se sumarán el 14 de junio a la celebración de este día iluminando sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda

 

• Las redes sociales serán escenario de numerosas iniciativas con el lema ‘La lengua de signos no deja a nadie atrás’

 

Madrid, 10 de junio de 2020 – La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), ha reivindicado un compromiso político y social con las personas sordas y la presencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en las políticas públicas.

 

Así lo ha hecho público la entidad en un manifiesto, con motivo del Día Nacional de las Lengua de Signos Españolas, en el que reclama que estas lenguas sean tenidas en cuenta para llevar a cabo la reconstrucción social y económica del país. De esta manera, Concha Díaz, presidenta de la CNSE, exige el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas sordas, y su pleno acceso a la información, a la comunicación, y a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, “para que nadie se quede atrás”.

 

Díaz destaca que pese al amplio reconocimiento legislativo y social con el que cuentan las lenguas de signos en nuestro país, “sigue habiendo quienes intentan menospreciarlas y relegarlas a un injusto segundo lugar”, y alude a la exclusión y el aislamiento a las que en los últimos meses se ha sometido a las personas sordas y sordociegas para quienes la lengua de signos es su lengua natural, al negarles su derecho a contar con interpretación en lengua de signos o videointerpretación.

 

En este sentido, urge a que las administraciones públicas se apliquen, de una vez por todas, en el cumplimiento de la legislación en materia de lengua de signos evitando que vuelvan a vulnerarse los derechos de sus usuarios, cuestión que se ha puesto de relieve y acrecentado durante la pandemia, y a la creación de una normativa específica sobre las lenguas de signos desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, ya que de ellas dependen la igualdad de oportunidades de este colectivo. “El uso de la lengua de signos española y catalana es determinante para asegurar nuestra participación en cualquier ámbito”, asegura Díaz.

 

En lo que respecta a la educación, la entidad reclama una Estrategia Nacional sobre enseñanza, uso, protección y promoción de las lenguas de signos españolas que asegure su aprendizaje y aplicación en el ámbito de la atención temprana y en el sistema educativo, y que reconozca el derecho del alumnado sordo y sus familias a elegir una educación bilingüe de calidad en la que las lenguas de signos sean también vehiculares y curriculares.

 

Por último, la CNSE insiste en la necesidad de garantizar su protección y preservación incorporándolas en la Constitución Española al mismo nivel que el resto de las lenguas, e incluyéndolas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. “Las lenguas de signos nos necesitan tanto como nosotras, las personas sordas, las necesitamos a ellas”, advierte su presidenta.

 

Manifiesto íntegro: https://youtu.be/oqNFSJGpz80

 

14 de junio: Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros, y desde entonces se conmemora cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936, se constituyó la CNSE, entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, “sean valoradas en la sociedad”.

Como cada año, edificios representativos de toda España se sumarán el próximo domingo 14 de junio a la celebración de este día, iluminando sus fachadas de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda.  Por su parte, la CNSE y su red asociativa trasladarán la celebración a las redes sociales con el lema ‘La lengua de signos no deja a nadie atrás’, a través de talleres, coloquios y actividades en directo, y diversas iniciativas dirigidas a compartir la lengua de signos con la ciudadanía, promover su difusión, y normalizar su uso. Entre ellas, varias entrevistas a personas sordas afectadas por la COVID-19, que explicarán qué papel ha jugado la lengua de signos durante este tiempo de pandemia.

Todas estas actividades se acompañarán con el hashtag #YoconlaLS.

 

CNSE:

 

La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España.  Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas; así como del desarrollo de programas de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones. Hoy la CNSE está integrada por 17 federaciones de personas sordas, que a su vez mantienen afiliadas a más de 120 asociaciones provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.”

• Autismo España solicita a las autoridades estatales y autonómicas la puesta en
marcha de un fondo extraordinario finalista de ayuda para afrontar el impacto
provocado por el COVID-19.
• Son datos de un informe elaborado por la Confederación que recoge la
información de 80 entidades que prestan servicio a las personas con autismo.
• Del impacto total, la pérdida de financiación pública y privada y de cuotas de
servicios, las adaptaciones de los centros ante la nueva normalidad y los gastos
en personal, sanitarios y desinfección suponen 5,3 millones de euros.

Madrid, 4 de junio de 2020. El impacto económico del coronavirus en las entidades que
rabajan con personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) supera los 6,2 millones
de euros (6.209.518.56 €). Es el dato que arroja el informe elaborado por la Confederación
Autismo España a partir de los datos aportados por 80 entidades de las 140 que forman
parte de la Confederación.
El informe cuantifica el gasto extraordinario que han afrontado las organizaciones durante
el confinamiento, el gasto al que tendrán que hacer frente hasta final de año con la vuelta a
a actividad y la pérdida estimada de ingresos. Estos datos dejan en una situación de extrema
vulnerabilidad a entidades y familias de personas con autismo, pues peligra la sostenibilidad
de muchos centros y servicios.
Por eso, tras analizar la realidad del colectivo, desde Autismo España solicitamos tanto a las
autoridades estatales y autonómicas, y en particular a la Comisión de Reconstrucción
Económica y Social, la disposición de fondos extraordinarios finalistas para hacer frente al
mpacto ocasionado por la crisis sanitaria del COVID-19, tanto en actuaciones de

competencia estatal como autonómicas, así como la exigencia como país de dotar a los
derechos sociales del rango de derechos fundamentales, y de reconstruir el sistema de
financiación del Tercer Sector, mediante fórmulas estables, garantistas, finalistas y
suficientes, para asegurar que cumple su función esencial para nuestra sociedad.

Análisis de la crisis por el COVID-19
El estudio realizado entre el 7 y el 20 de mayo, arroja información sobre una muestra de 80
entidades, en base a los siguientes parámetros: gasto sanitario, gasto en limpieza y
desinfección, adaptaciones para el teletrabajo, adaptación de espacios y centros de trabajo,
adaptación de transportes de usuarios, gasto de personal, otros gastos y previsión de la
disminución de ingresos durante 2020.

Su realización era esencial por tres razones:
• Valorar de forma objetiva la situación actual en la que se encuentran las entidades
sociales que se dedican específicamente a las personas con TEA y las necesidades
que pueden surgir a corto medio plazo.
• Disponer de resultados fundamentales para incidir políticamente a nivel estatal y
autonómico
• Contar con una información imprescindible para analizar el impacto a largo plazo de
la COVID-19 en el tejido asociativo representado por Autismo España y diseñar
medidas que lo minimicen y favorezcan el desarrollo positivo de crisis futuras
similares.

Impacto del coronavirus en cifras
El gasto extraordinario que han tenido que afrontar las entidades que trabajan y prestan
servicio a las personas con autismo durante el confinamiento (desde el 28 de febrero y hasta
el 10 de mayo) es de casi 580.000 euros (579.625,84 €), siendo el gasto en personal
(235.210,28 €), el sanitario (116.532,60 €) y el de limpieza y desinfección (93.130,82 €) los
servicios de mayor cuantía.

Sin embargo, el gasto extraordinario previsto hasta final de año eleva vertiginosamente esta
cifra: las entidades calculan que el gasto extraordinario previsto en los meses que quedan
de 2020 superará los 2,8 millones de euros (2.859.090,72 €). Este incremento responde a la
puesta en marcha de centros, y servicios que han tenido que parar su actividad durante el
estado de alarma y que necesitan adaptaciones para poder reanudar su funcionamiento. De
nuevo los montantes más elevados corresponden al coste del personal, gasto sanitario y
limpieza y desinfección, pero los gastos se incrementan con las adaptaciones de los
espacios que necesitan los centros de trabajo para cumplir con la normativa de prevención

frente a la COVID-19, algo que supera los 358.000 euros (358.239,84); la adaptación del
teletrabajo que sobrepasa los 305.000 euros y la adaptación del transporte que asciende a
246.500 euros.

Así, el gasto total desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus y lo que se prevé
hasta final de año supondrá un gasto extraordinario total que supera los 3,4 millones de
euros. A estos gastos se suma la disminución de ingresos con la pérdida de financiación
pública, privada y de las cuotas de servicios, que superan los 2,7 millones de euros
(2.770.802,00 €).

La suma de todos estos gastos extraordinarios arroja un impacto total de 6,2 millones de
euros entre las 80 entidades de las 140 entidades miembro que han participado en este
informe. Unas cifras que justifican la demanda que Autismo España y su red de entidades
hacen a las autoridades competentes.

Puedes acceder al informe completo aquí.

Autismo España ha elaborado un informe para cuantificar el gasto extraordinario que han afrontado sus entidades durante el confinamiento, así como el gasto al que tendrán que hacer frente hasta final de año con la vuelta a la actividad y la pérdida estimada de ingresos. Han participado 80 de las 140 entidades que forman parte de la Confederación, entre socias y vinculadas.

El informe señala que el impacto económico del coronavirus en las entidades que trabajan con personas con TEA supera los 6,2 millones de euros, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de muchos centros y servicios. Por eso, Autismo España solicita a las autoridades estatales y autonómicas la puesta en marcha de un fondo extraordinario finalista de ayuda para afrontar el impacto provocado por el COVID-19.

Para ver el informe entero,PINCHA AQUÍ