LÍNEA 5: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
LÍNEA 5: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO
La edad de diagnóstico de los TEA en España es aún tardía, siendo la situación heterogénea según el lugar de nacimiento del niño o niña, el nivel socioeconómico de la familia o si ésta reside en zonas rurales o urbanas, situación ésta extrapolable a Castilla-La Mancha, donde encontramos un desarrollo muy heterogéneo de procedimientos para detectar las señales de alarma que pueden hacernos pensar que un infante pueda presentar TEA.
Continuamos detectando que, en no pocos casos, cuando estas señales de alarma están presentes, suele ser el entorno familiar quienes las perciben, pero al acudir a los profesionales sanitario correspondientes (pediatría) estas señales se “minimizan”, dando lugar a un retraso en el diagnóstico y consecuente intervención.
En España, en el momento actual, se están aplicando protocolos para la detección del TEA. En varias comunidades autónomas se contempla la detección del autismo dentro de la detección de riesgo en programas del niño sano. En otras comunidades se han desarrollado programas de detección específicos o se encuentra la detección del autismo incluida en los programas integrales de atención, algo de lo que a fecha actual carece Castilla-La Mancha.
También existen protocolos de cribado, internacionalmente consensuados, dirigidos a los profesionales de atención primaria (ej., Academia Americana de Pediatría, 2008) para la detección específica de los TEA en las visitas de seguimiento de los 18 y 24 meses de edad, en cambio en nuestra región no se contemplan dichos protocolos.
Estos protocolos, que incluyen la aplicación de un cuestionario breve y sencillo dirigido a las familias, detectan las posibles señales de alarma sobre los TEA y determinan la conveniencia de derivación del niño o niña para su posterior evaluación y diagnóstico especializado.
No existe a fecha de hoy, en Castilla-La Mancha un proceso de derivación consensuado hacia un diagnóstico fiable y de calidad, dando lugar en no pocas ocasiones a que la derivación por parte de los servicios públicos de salud se realice de manera arbitraria a servicios privados como son las entidades especializadas en TEA de Castilla-La Mancha, cuando no es a otras comunidades autónomas cercanas, como es el caso de Madrid.
Las repercusiones que esto tiene para el niño o la niña (y para su familia) son muy negativas e interfieren con el acceso a la intervención y a los recursos especializados de manera temprana.
Para asegurar un adecuado reconocimiento de los TEA es fundamental su detección precoz y el diagnóstico adecuado, de forma que se garanticen los apoyos necesarios para promover su participación e inclusión social.
Hacer efectivas las actividades de detección, diagnóstico e intervención temprana requiere realizar
una labor de coordinación entre las Consejerías competentes en Sanidad, Bienestar Social y Educación y que corresponde promover a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Propuesta 1: Instaurar un protocolo de detección precoz en pediatría y enfermería pediátrica.
Propuesta 2: Establecer un programa de cribado en las revisiones de los menores de 18 y 24 meses, mediante el empleo del cuestionario M-CHAT.
Propuesta 3: Establecer un protocolo de derivación de los casos detectados a profesionales especializados en el diagnóstico e intervención con personas con TEA.
Propuesta 4: Capacitar a los profesionales de atención temprana para intervención en entorno natural con niños diagnosticados de TEA.
Propuesta 5: Establecer convenios con las entidades privadas especializadas en TEA de la región para la valoración de los posibles casos de TEA y comunicación del diagnóstico a las familias.
Propuesta 6: Financiar el proceso de evaluación y diagnóstico por parte de la Administración Pública regional.
Propuesta 7: Crear de la figura “tutor” que guíe a la familia desde la sospecha de un posible diagnóstico de TEA, y la acompañe en todo el proceso.
Propuesta 8: Habilitar a los profesionales especializados en TEA para formar a los profesionales sanitarios en materia de TEA, mediante el establecimiento de formación conveniada financiada por parte de la Administración Pública regional.
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