Manifiesto del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer “Por un futuro libre de violencia contra todas las mujeres y niñas”

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde la Fundación CERMI Mujeres alzamos la voz para reafirmar nuestro compromiso con la lucha contra la violencia que sufren miles de mujeres y niñas con discapacidad en nuestro país.

En la Unión Europea, los 60 millones de mujeres y niñas que vivimos con una discapacidad (un 25,9% del total de la población femenina) nos enfrentamos en el día a día y en todos los ámbitos de la vida y la sociedad a distintas formas de discriminación y violencia que son, además, múltiples e interseccionales.

El 2024 es simbólico para los derechos de las mujeres y niñas en general, y de las mujeres y niñas con discapacidad en particular. Este año se conmemora el décimo aniversario de la entrada en vigor para España del Convenio de Estambul, un mecanismo con especial impacto en la población femenina con discapacidad, que supuso un antes y un después al tipificar como delitos el aborto coercitivo y la esterilización forzada, prácticas nocivas y radicalmente contrarias a los derechos humanos y que afectan especialmente a las mujeres y niñas con discapacidad.

Además, en 2024 se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un instrumento pionero a nivel europeo e internacional, que se configuró como el primer paso en la consecución de muchos otros avances en la igualdad entre hombres y mujeres y que puso el foco en la situación de las mujeres con discapacidad, en el mayor riesgo que tenemos de sufrir la violencia de género y en las mayores dificultades con las que nos encontramos para acceder a los servicios que la propia ley preveía.

2024 es también el año en el que se conmemora el 30 aniversario de la adopción por parte de Naciones Unidas de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que marcó un punto de inflexión en la agenda mundial en lo que respecta a la igualdad de género, y  donde por primera vez se incorporó el enfoque de la transversalidad y la interseccionalidad, tomando nota de la diversidad de las mujeres y niñas con discapacidad, respetando y valorando la plena diversidad de las situaciones y condiciones en las que nos encontramos.

En las últimas décadas se han dado grandes pasos en favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con discapacidad, pero todavía queda mucho por hacer, y los escasos datos estadísticos oficiales así lo reflejan. De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer publicada en el año 2019 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 14’8% de mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido violencia sexual de alguna pareja (actual o pasada) a lo largo de la vida, frente al 8’9% de las mujeres sin discapacidad. Además, un 17’5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas; porcentaje que asciende al 23’4% en el caso de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física o sexual.

Las mujeres y las niñas con discapacidad sufrimos de manera particularmente grave todas las formas de explotación, violencia y abuso, y nuestra protección contra esas violencias se ve muchas veces obstaculizada por una visión paternalista y capacitista todavía muy presente, y por la existencia de estereotipos discriminatorios y nocivos ampliamente extendidos que aumentan nuestro riesgo de sufrirla, y que subrayan la incapacidad de la sociedad y las instituciones de garantizar el respeto de nuestros derechos humanos, y la dignidad que, como mujeres y niñas, nos es inherente.

Por todo ello, este 25 de noviembre las mujeres con discapacidad organizadas de nuestro país elevamos nuestra denuncia para EXIGIR:

1. La implantación de un mecanismo específico de protección a mujeres y niñas con discapacidad, incluso institucionalizadas, para evitar una posible violencia o más actos de la misma, sin la condición previa de que las víctimas hayan iniciado acciones legales, incluida una evaluación inmediata de los riesgos y la protección adaptada a sus circunstancias individuales, con pleno respeto a su autonomía y dignidad.
2. La vigilancia para que la atención a una mujer o niña con discapacidad víctima de violencia de género se haga siempre desde los programas y servicios especializados en esta materia, con el asesoramiento y apoyo necesarios de entidades referentes de mujeres y niñas con discapacidad. Al mismo tiempo que deben existir protocolos de detección y apoyo especializado a mujeres, madres y cuidadoras de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género por su mayor vulnerabilidad.
3. El desarrollo de una auditoría inmediata de accesibilidad a nivel estatal, regional y provincial de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados especializados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, con un plan urgente de accesibilidad dotado de presupuesto suficiente, que contenga plazos claros para asegurar la disponibilidad de tales recursos a las víctimas con discapacidad.
4. La garantía de plena accesibilidad de un centro de referencia para la violencia sexual y de un hogar de acogida para las víctimas de violencia de género en cada provincia, los cuales deberán satisfacer las necesidades específicas que presenten las mujeres y niñas con discapacidad.
5. La vigilancia para que la violencia cometida contra una mujer o una niña con discapacidad no se remita por defecto, ni apelando a su interés superior, a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias, como la mediación y la conciliación.
6. La garantía de que todas las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género reciban una atención adecuada para su recuperación, su rehabilitación y su reintegración social.
7. El desarrollo de una Macroencuesta específica a nivel estatal sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, que permita la puesta en marcha de una política pública adecuada en los planos estatal, regional y provincial que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad subyacentes, tales como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad, entre otros.
8. Arbitrar medidas de reparación integral dirigidas a las mujeres con discapacidad esterilizadas forzadamente en el pasado y en el presente para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos, a través de una ley de indemnización a las víctimas de esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad.

Hoy, 25 de noviembre de 2024, las mujeres y niñas con discapacidad de España unimos nuestras voces y nuestras fuerzas para exigir que nuestra realidad deje de ser invisible, para que nuestras demandas se sitúen en el centro de debate político y para que exista un compromiso firme en la construcción de un futuro libre de violencias para todas nosotras.

¡NI UNA MENOS!

¡LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EMPODERADAS, VISIBLES Y DIVERSAS REIVINDICAMOS NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS!